Los atentados terroristas del 8 de enero afectaron irremediablemente la confianza del presidente Lula en las Fuerzas Armadas. Y solidificaron en él la convicción sobre el papel central de los jefes militares en la guerra fascista de destrucción de la democracia y la República
El hito significativo de esta inflexión fue la decisión de intervenir en la seguridad del DF en lugar de convocar a los militares para la operación Garantía de Orden Público [GLO] propuesta a Lula por el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro.
La decisión tomó por sorpresa al Alto Mando del Ejército. Incluso sin una solicitud previa del Presidente de la República, el Ejército ya había colocado una impresionante tropa de 2.500 soldados en espera para intervenir en el caos y desorden que ellos mismos habían diseñado. Su disposición a “gobernar” el país a través del GLO contrasta con la lentitud en el desmantelamiento de los campamentos ilegales y antidemocráticos en las zonas de cuarteles.
Lula no dejó dudas sobre la opción de la intervención civil: “Si yo hubiera hecho el GLO […], entonces se hubiera dado el golpe que la gente quería. Lula deja de ser gobierno para que algún general pueda asumir el gobierno. Las Fuerzas Armadas no son el poder moderador que se creen”.
Hay una convergencia sin precedentes en el debate público brasileño sobre la centralidad de la cuestión militar para la supervivencia de la democracia.
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